Por Edgardo Mocca
El documento que firma un grupo de intelectuales a propósito de la cuestión Malvinas carece, curiosamente, de toda referencia concreta y explícita a los últimos movimientos diplomáticos ejecutados por el Gobierno de nuestro país sobre el tema. Nada dice de los acuerdos alcanzados en el Mercosur prohibiendo el atraque de buques con bandera de “Falklands” en los países que lo integran, incluido Chile, país asociado del bloque. No hay referencia alguna a la denuncia presentada ante el Consejo de Seguridad de la ONU por lo que se entiende como un proceso creciente de militarización de las islas por parte del Reino Unido. Tampoco se mencionan las permanentes resoluciones del Comité de Descolonización de la ONU instando a un diálogo entre el Reino Unido y la Argentina, que los británicos desoyen sistemáticamente.
La diatriba se encamina más bien hacia temas más permanentes de nuestra relación con las Malvinas. El primero de ellos concierne a la necesidad de una “crítica pública” por la adhesión popular a la ocupación militar de las islas por la dictadura militar. Planteo algo indescifrable: ¿quién debería hacer una crítica (o una autocrítica) por aquellas concurridas plazas de 1982? No es, claro está, este Gobierno, porque constituiría un anacronismo, ya que en aquel tiempo no existía. Desde el punto de vista de la opinión pública, habrá que aceptar que las críticas y las autocríticas tendrían la obvia diversidad que corresponde al pluralismo. Habrá quien critique parcialmente aquella adhesión, quien la descalifique de modo plenario y (¿por qué no?) quien crea que estuvo bien. La única forma de conocer una opinión colectiva soberana sería convocar una consulta popular.
El objeto principal del ataque es la “agitación nacionalista”, de la que acusa por igual a ambos gobiernos (en el único ademán crítico del documento a Gran Bretaña) y en la que incluye a la oposición argentina. Habla de la “enormidad de esos actos” (sin que quede para nada claro a qué actos se refiere) y de su desmesura con la importancia real de la “cuestión Malvinas”. Debe entenderse que el debate se plantea alrededor de la inclusión del conflicto en la agenda política nacional. Al respecto hay que decir que los constituyentes limpiamente elegidos por el voto popular incluyeron en la Constitución reformada en 1994 una cláusula transitoria que sostiene la “legítima e imprescriptible” soberanía argentina sobre el archipiélago. De manera que, mientras rijan tanto el texto constitucional como el dominio británico de facto sobre las islas, no existe la opción de gestionar la recuperación de ese territorio o dejar de hacerlo; la acción recuperatoria es una obligación del Estado argentino y, por lo tanto, de cualquier fuerza que ejerza el gobierno. Los intelectuales tienen todo el derecho a pensar que quienes redactaron la cláusula constitucional estaban atacados por un patrioterismo enfermizo, pero para modificar ésa o cualquier otra de sus disposiciones hace falta una reforma constitucional.
Indignados por el lugar relevante que el tema ha ocupado en la escena política, los autores, sin embargo, han decidido poner el tema en el centro de su propia agenda. Es decir que, ante el presunto intento de malvinizar la política, han asumido el reto y se disponen a desmalvinizarla. El gran hallazgo de la nueva alternativa que proponen es una mezcla del derecho a la autodeterminación y el respeto por los derechos de los actuales ocupantes del territorio. Son “sujetos” de derecho, dicen. Es razonable: todos los seres humanos somos “sujetos de derecho” en una comprensión democrática de la cuestión. Está muy bien contemplar los derechos de los isleños, pero la soberanía política no es un derecho subjetivo: la ejercen o la reclaman los Estados nacionales. Y el territorio de Malvinas no es hoy un Estado independiente. Su gobierno está en manos de un funcionario designado por el Estado británico. La invocación de la autodeterminación no corresponde a los pobladores de un territorio ocupado ilegalmente por la nación de la que provienen buena parte de ellos. Esto no debería ponerse en duda en una discusión que se pretende seria.
Otra cuestión es el tipo de trato que debe tener la Argentina con esos pobladores. En un artículo escrito para el diario Página 12, el especialista en cuestiones internacionales, Juan Tokatlian, hace al respecto interesantes sugerencias, pero sostiene de modo inequívoco que el mejoramiento de las relaciones con los habitantes de las islas no tiene por qué contraponerse con las gestiones diplomáticas por la recuperación del territorio. Los innegables derechos humanos de los actuales pobladores de Malvinas no los convierten en principal interlocutor orgánico de nuestro país en el conflicto, sencillamente porque no componen una comunidad política estatal-nacional sino una dependencia del Reino Unido. No hay una silla de las “Falklands” en la ONU y resulta lamentable una propuesta que parece insinuar el deseo de que la haya. El interlocutor de la Argentina en el conflicto por Malvinas es, inequívocamente, el Reino Unido.
¿Son finalmente argentinas las Malvinas? La ambigüedad del documento es significativa al respecto. La siguiente frase es, por su autocontradicción, muy ilustrativa: “La afirmación obsesiva del principio ‘Las Malvinas son argentinas’ y la ignorancia o desprecio del avasallamiento que éste supone debilitan el reclamo justo y pacífico de retirada del Reino Unido y su base militar, y hacen imposible avanzar hacia una gestión de los recursos naturales negociada entre argentinos e isleños. ¿Por qué sería justo y pacífico nuestro reclamo de retirada del Reino Unido si no lo es el principio Las Malvinas son argentinas?” Las expresiones desprecio, avasallamiento son pura retórica; la contradicción del argumento está a la vista, a no ser que el reclamo por el retiro de los británicos y su base militar se haga en nombre de las “Falklands” independientes.
En el mismo sentido, dicen los intelectuales que es contradictorio que la Argentina pida negociaciones en la ONU y afirme que nuestra soberanía es innegociable. No sé en qué documento figura este último término y los autores no lo dicen, pero puede aceptarse que haya sido usado (recordemos que la Constitución dice legítimo e imprescriptible). Ahora bien, lo que el gobierno argentino ha pedido y continúa pidiendo en la ONU es diálogo. Todo diálogo, se dirá, implica un grado de negociación. Desde el punto de vista argentino -no de los fanáticos de Malvinas, sino de los argentinos- el diálogo supone gestión recuperatoria de Malvinas: sería inconstitucional una decisión de renuncia a la soberanía. Eso no quiere decir que no haya un amplio margen para la negociación. Se pueden negociar formas, tiempos, mutuas concesiones y muchas otras cosas; en eso, es de suponerse, consistiría el diálogo. ¿Qué es lo que demandan los intelectuales? ¿Que la Argentina renuncie a la soberanía para abrir un diálogo sobre la pesca, el petróleo y otros recursos naturales? Pues bien, amigos intelectuales, ese es justamente el punto de vista británico.
La ambigüedad respecto de los derechos soberanos argentinos en Malvinas desaparece en el curso de la argumentación y es reemplazada por su lisa y llana negación, como se desprende de esta oración: “…el intento de devolver las fronteras nacionales a una situación existente hace casi dos siglos -es decir: anterior a nuestra unidad nacional y cuando la Patagonia no estaba aún bajo dominio argentino- abre una Caja de Pandora que no conduce a la paz”. Por otro lado, la condena a la guerra de hace tres décadas se articula curiosamente, además, con la exigencia de que nuestro país admita “lo injustificable del uso de la fuerza en 1982 y la comprensión de que esa decisión y la derrota que la siguió tienen inevitables consecuencias de largo plazo”. Es decir, la guerra fue un horror (solamente del lado argentino, claro) pero sus consecuencias son sacrosantas.
El documento es una sistematización elegante de algunos de los tópicos que han saturado en estos días las páginas de Clarín y La Nación y los micrófonos y pantallas de sus cadenas mediáticas. Por primera vez en mucho tiempo, la oposición político-partidaria no los acompañó. Tal vez porque comprobaron en octubre último los resultados de la comprensión de la disputa con el kirchnerismo como una cuestión de ser o no ser de la república. El grupo intelectual que produjo este documento, igual que los grandes medios, no somete su suerte al veredicto de las elecciones.
Algunos de los firmantes han hecho aportes importantes a la cultura democrática de nuestro país. Este documento, decididamente, no es uno de ellos.
Fuente: Revista Debate - 24/02/2012
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