26 marzo 2012


 DANIEL OLESKER, MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL DE URUGUAY

“Ser pobre también es un problema de derechos civiles”


Miembro del Partido Socialista que integra el Frente Amplio, ex preso político, economista y militantes social, Daniel Olesker es uno de los principales cuadros del gobierno de José Mujica. Aquí explica la política social de su gobierno, los cambios que introdujo en la sociedad uruguaya y las discusiones en el FA sobre cómo profundizar el modelo productivo.
 Por Mario Toer y Federico Montero 


Fuente: Página12 - 26/03/2012

España: Evitar la agonía en forma de ‘L’


En los próximos Presupuestos se trazará 
la senda de una especie de economía de guerra
Por Joaquín Estefanía
Cien días después de la asunción del Gobierno con mayoría absoluta, Rajoy puede exhibir al menos tres grandes reformas económicas: la laboral, la financiera y la de estabilidad presupuestaria. Más allá de las opiniones que se tengan sobre cada una de ellas (todas van en la misma dirección: satisfacer las obligaciones impuestas por Bruselas y tranquilizar a los mercados) no se puede acusar al Gobierno del PP de inacción.
Sin embargo, el resultado no ha sido hasta ahora el que se pretendía: La UE sospecha y se ha producido el sorpasso entre Italia y España, de modo que nuestro país ha sustituido al primero en la vanguardia de los problemas relacionados con la prima de riesgo y se ha puesto en la zona roja de las preocupaciones de los inversores en la eurozona. Además, durante los últimos días, la economía española ha sido objeto de los ataques más duros por parte de las principales biblias de la prensa económica mundial, de diversos informes de los bancos de inversión y, lo más paradójico, del propio primer ministro italiano, Mario Monti (“España está dando a toda Europa  motivos de gran preocupación”). Probablemente para evitar que los ojos de los mercados se fijen en las dificultades italianas y en la fragilidad política de sus reformas, Monti ha señalado con el dedo a España. Ese tipo de políticas de perjuicio al vecino, de sálvese quien pueda, abundaron en la Gran Depresión.

Las críticas coincidentes sobre la política económica española son de tres tipos: el temor de que los topes de déficit no se cumplan este año (dado que la tardanza en la aprobación de los Presupuestos va a hacer que los esfuerzos en la reducción de gastos y en el incremento de impuestos se tengan que concentrar en sólo ocho meses); que la reforma financiera es mucho menos “extremadamente agresiva” que la laboral y va a cámara lenta, ya que sigue aumentando la morosidad y reduciéndose el crédito ; y que en la acción del Gobierno no hay ni rastro de medidas de reactivación del crecimiento.

En este inquietante contexto se van a presentar el próximo viernes los Presupuestos de 2012. Nadie duda de que en ellos se va a trazar la senda de una especie de economía de guerra, valga la metáfora. El Gobierno va a enfrentarse a dos legitimidades contrapuestas: la exigencia de los ciudadanos (combatir en primera instancia la gigantesca bolsa de paro, superior a ningún otro país de la OCDE, y mantener los sistemas de protección) y las demandas exteriores (la prioridad es corregir a la baja el déficit público). Esta contradicción, cada vez más presente, es la que hace que Ivan Krastov, fundador del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, haya establecido un dilema creciente: “Somos testigos de un colapso de la confianza en las élites políticas y empresariales (…) Las elecciones están perdiendo su significado de opción entre alternativas y se transforman en procesos a las élites. Así, la democracia ya no es cuestión de confianza sino más bien de gestión de la desconfianza”.

Entre algunos analistas empieza a cundir la idea de una salida disímil de la Gran Recesión. Pendientes de la incidencia de nuevos choques contractivos (el petróleo, las materias primas, los países emergentes, …) podría ocurrir que el mundo se recuperase poco a poco a poco de sus problemas y la economía de unos pocos países (entre ellas la española) se quedase atascada en una especie de “L”, en la que el trazo horizontal de la letra se extendiese durase bastante tiempo, en un estancamiento a largo plazo. Para evitarlo se requeriría un consenso en el diagnóstico y un acuerdo entre las principales fuerzas políticas, económicas y sociales. Tal es el grado de deterioro que probablemente no baste ni la fuerza de disponer de una mayoría absoluta tan amplia como la del Gobierno. Un compromiso histórico entre fuerzas diversas que representen a la mayoría de los ciudadanos, sin sujetar su contenido a una ideología y con cesiones mutuas. Trabajar para el bienestar de la población con un pacto transversal que recorra los distintos ámbitos territoriales e incorpore medidas de saneamiento y reformas estructurales, pero también políticas de crecimiento.

Fuente: El País, 26.03.12

SESION CONJUNTA DE LAS CAMARAS DE DIPUTADOS Y SENADORES

El Congreso hace memoria
Por Miguel Jorquera
 EL CONGRESO HIZO UNA SESION ESPECIAL Y UN HOMENAJE A JUECES QUE CONDENARON A REPRESORES
Con una exhortación a acelerar los juicios
El pedido de apurar los procesos quedó expresado en la declaración aprobada en forma unánime por todos los bloques. Además, se ratificó la defensa de los derechos humanos como política de Estado y se destacó el papel de los funcionarios judiciales homenajeados.
 
El homenaje del Congreso a los integrantes del Poder Judicial que tuvieron una actuación destacada en la condena a los delitos de lesa humanidad fue sencillo y emotivo. La declaración redactada por todos los bloques políticos del Parlamento y aprobada por unanimidad a mano alzada fue breve y con un mensaje contundente: “Esta Asamblea aspira a que durante el actual período constitucional se concluyan todos los juicios correspondientes a causas referidas a delitos de lesa humanidad y vinculadas con las violaciones masivas de derechos humanos”.

Por primera vez desde la instauración del 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y como feriado inamovible, el Congreso de la Nación realizó una Sesión Especial Conjunta para ratificar como política de Estado la defensa de los derechos humanos. Así lo expresó el documento conjunto que se leyó ayer en el Congreso, donde también hizo propio el pedido de Cristina Fernández de Kirchner ante la Asamblea legislativa el 1º de marzo: que el próximo presidente “no tenga que estar arrastrando, todavía, la rémora de los juicios por las tragedias que nos pasaron a todos los argentinos”.

“La búsqueda de los nietos y nietas apropiados, los juicios por la verdad, la tutela de los sitios históricos y documentales, la investigación e identificación de los desaparecidos, la revisión de las credenciales democráticas de los funcionarios públicos y tantos otros esfuerzos animados por búsqueda de la verdad y la justicia, han sido posibles por la conducta de muchos jueces y juezas con fuerte compromiso con los valores democráticos”, dice otros de los párrafos del documento con que el Congreso homenajeó a integrantes del Poder Judicial.

Una lista que incluyó a la Cámara Federal porteña que condenaron a los jerarcas de las juntas militares de la última dictadura, a la Corte Suprema, que declaró inconstitucionales los indultos y las leyes de obediencia debida y punto final, a la Cámara de Casación Penal, que acordó este año la aceleración de los juicios de la verdad, y a los tribunales que impartieron penas a torturadores y asesinos que actuaron durante el terrorismo de Estado. A los que también distinguió con una plaqueta y una medalla.

Uno a uno pasaron los ex camaristas porteños que condenaron a los jerarcas de las tres primeras juntas militares: León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y la esposa del fallecido Andrés D’ Alessio; así como el fiscal del juicio, Julio César Strassera. “Esto expresa que hay una política de Estado en marcha en materia de derechos humanos y en revisión de ese pasado ominoso”, dijo Arslanian tras la sesión. “Todas las fuerzas políticas del país tienen un punto que las integran: la política le ha dicho no a la impunidad y sí a la memoria, sí a la justicia”, sumó Gil Lavedra. “Es un reconocimiento notable y un honor importantísimo que nos hacen los representantes de la Nación, y cuando digo nosotros, me refiero a la Justicia”, agregó Valerga Aráoz.

La misma distinción recibieron, de manos de distintos legisladores, los integrantes de la Cámara Nacional de Casación Penal, y los Tribunales Orales Federales números 1, 2, 5 y 6 de la Capital; los TOF bonaerenses de La Plata y San Martín, el de Rosario y los TOF de Santa Rosa (La Pampa), de General Roca (Río Negro) y de Corrientes.

“Es un reconocimiento del Parlamento a aquellos que desde la Justicia, con ética y responsabilidad, asumieron la búsqueda de verdad y justicia para superar la impunidad jurídica”, dijo Adolfo Pérez Esquivel, uno de los pocos representantes de los organismos de derechos humanos que estuvieron ayer en el Congreso. “La Argentina sentó precedentes jurídicos a nivel internacional de que la Justicia ordinaria puede juzgar los delitos de lesa humanidad”, sostuvo el Premio Nobel de la Paz.

El oficialismo trabajó para que la mayoría de sus legisladores estuvieran presentes ayer en la Sesión Especial Conjunta que presidieron el vicepresidente y titular del Senado, Amado Boudou, y el presidente de la Cámara baja, Julián Domínguez.

Ellos también se encargaron de expresar su alegría por el acuerdo logrado ayer en el Parlamento. Domínguez remarcó la voluntad de la Presidenta para “hacer posible que estén representados todos los sectores políticos en el reclamo de verdad y justicia. Sin sectarismos ni mezquindades, debemos acompañar el planteo de que en este período constitucional puedan concluirse todos los juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar”.

Boudou señaló que “hemos participado de un repudio a lo que fue un golpe de Estado sanguinario, genocida, que tuvo también participación civil y de grupos empresarios que pretendían beneficiarse con ese accionar criminal”.

Los ex jueces y camaristas, y actuales magistrados que estuvieron en el Congreso, recorrían orgullosos los pasillos. Por primera vez el Parlamento los homenajeaba por su actuación en la condena de delitos de lesa humanidad, en “las diferentes etapas en la búsqueda de la verdad y la justicia y que, durante las mismas, distintas decisiones judiciales contribuyeron a la consolidación democrática, a través de sentencias que manifestaron el repudio moral de la comunidad frente a los crímenes intolerables para una sociedad civilizada”. Un paso más a la consolidación de la defensa de los derechos humanos como política de Estado.
Fuente: Página 12, 25.03.12 – Imagen: Guadalupe Lombardo.

100 razones para no votar a Macri


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05 marzo 2012

Días de furia

Problemas del Estado y facciosidad política. 


Por Edgardo Mocca


El trasfondo de la tensa escena política de estos días parece ser la cuestión del Estado. ¿Pero existe realmente una cuestión del Estado en un país en el que la contienda política parece subordinarlo todo y no hay acontecimiento, por trágico que sea, que logre ser mirado desde esa perspectiva?
La dictadura militar instalada en marzo de 1976 fue un punto de inflexión decisivo en la decadencia de la idea de Estado entre nosotros. No solamente por la puesta en marcha de un proyecto de desindustrialización y escarmiento de las clases populares, sino por el profundo espíritu depredador que caracterizó su política: desde el atroz atropello al valor de la vida que significó el terrorismo de Estado hasta la lógica de descuartizamiento de la estructura del Estado convertido en un botín a disputar por diferentes armas y diferentes caudillos con ambición de poder, los militares del “proceso” –ejecutores incompetentes de un plan concebido en las sedes del poder económico concentrado– solamente fueron “exitosos” en su empeño destructivo. La democracia recuperada en 1983 heredó ese Estado desmantelado y, en los años noventa, el neoliberalismo completó la siniestra empresa. No alcanza, sin embargo, con ese recorrido, necesariamente simplificado para entrar en tema: hay que decir que estas tres décadas y media tienen un largo prólogo de avasallamiento de la voluntad popular, de ilegalidad sistemática, de conversión de las Fuerzas Armadas en instrumentos de represión del propio pueblo y neutralización de cualquier proyecto de afirmación nacional. Hoy, que ha pasado a primer plano la cuestión ferroviaria, es necesario recordar que el atropello menemista contra el sistema tuvo un antecedente importante en la década del sesenta: el plan Larkin, concebido en Estados Unidos y acordado con el entonces ministro de Economía Alvaro Alsogaray, durante la presidencia de Frondizi, significaba el levantamiento de la tercera parte de las vías ferroviarias, el despido de 70.000 trabajadores y la conversión en chatarra de una gran parte del material ferroviario con el supuesto propósito de modernizar el servicio. Las luchas obreras y los avatares políticos impidieron la aplicación de tan “ambicioso” proyecto que, aun así, debilitó seriamente al sistema ferroviario. Hay en la oposición mediático-política quien recusa la pertinencia de estas referencias históricas. Se basan en que las gestiones kirchneristas llevan ya ocho años de duración, plazo suficiente, dicen, para revertir esos antecedentes. Es un interesante tema de discusión, si pudiese encarrilarse en una dirección seria y constructiva. Se puede perfectamente aceptar que el kirchnerismo, hasta aquí, tuvo más éxito en las funciones socialmente reparadoras del Gobierno que en las que conciernen a una profunda reestructuración del Estado y la sociedad argentina. Hay una muy densa agenda transformadora pendiente, en la que el transporte ocupa un destacado lugar al lado de la política energética, de vivienda, de salud, entre otros aspectos. La sociedad argentina, hace no muchos meses, parece haber creído que es la actual Presidenta quien puede encarar de manera más eficaz esa agenda, pero eso no puede ocultar que las cuestiones pendientes existen y son muy importantes. Claro que la prioridad otorgada a la reparación social no puede ser fácilmente descalificada en un país que descendió hace diez años, como nunca en su historia, al infierno de la desocupación masiva y la pérdida generalizada del acceso a los derechos más elementales, incluido, en muchos casos, el de la alimentación. Aun desde el extremo del cinismo amoral, habría que reconocer que, aunque no nos preocupara mayormente el destino de millones de compatriotas, no era “gobernable” de modos pacíficos una población que atravesaba esa situación. Por otro lado, el Gobierno no es el reino de las buenas razones y la buena voluntad: importan los recursos, esos recursos que escaseaban en el Tesoro público para desatar airosamente la trama de la completa decadencia nacional-estatal a la que llegó el país. Esto es así, entre otras causas, porque un proyecto de recuperación nacional “con todos adentro” no exige las mismas capacidades y el mismo dinero que otro resignado al excluyente objetivo de volver a hacer andar el capitalismo argentino sobre las mismas bases de concentración de la riqueza y exclusión social. La tragedia de Once, tal como afirman sus víctimas, no fue un accidente. La pretensión de la empresa concesionaria de reducirlo a fallas “técnicas” no resiste ningún análisis serio. Alcanzará a esos efectos la pericia que determine si el paragolpes hidráulico de la estación funcionaba adecuadamente, de manera que aun la eventual negligencia culposa del maquinista no pudiera provocar el estrago. La falta de Estado es, en cualquier caso, la causa última del desastre. La tarea de recuperar condiciones mínimas de seguridad y respeto por los usuarios, así como de reconstruir un sistema ferroviario nacional digno de ese nombre, ha sido puesta a la orden del día por la tragedia. Sin embargo, éstos no han sido solamente días de tragedia y de congoja. Han sido y son días de furia política, de especulación, de agitación desestabilizadora. El uso político de la tragedia revela también que el problema argentino no es exclusivamente del Estado como herramienta funcional para la satisfacción de necesidades públicas, que lo es indudablemente. El problema principal parece ser que el sistema político tiene desproporcionadamente desarrollados los reflejos facciosos y mutuamente destructivos: ni un dolor popular enorme como el que vivimos adormece esa tendencia. Rápidamente la tragedia pasó a ser un acta de acusación total y definitiva contra el Gobierno. Es un clima, hay que decirlo, en el que partidos políticos y dirigentes juegan –cuando lo juegan– un rol absolutamente secundario y subordinado; el libreto de la agitación facciosa tiene su centro de emisión principal en las grandes cadenas mediáticas. Da la impresión de que a la guerra mediática le faltaba un intérprete político. Y allí apareció Macri. Tal vez porque es el único opositor, o casi el único, que tiene algún daño por hacer más allá de las palabras. Desde ese importante sitio político-institucional que es la alcaldía porteña, produjo una jugada temeraria. Una jugada que lo combina todo. Especula directa y abiertamente con el dolor de la tragedia y el miedo colectivo a su eventual repetición. Abomina de la histórica bandera de la autonomía porteña y reclama más heteronomía (en su intervención en la Legislatura le dijo al gobierno nacional que “se ocupe de la seguridad de la Ciudad”, aunque, fallido mediante, dijo “que se ocupe de la Ciudad”). Recalienta las tradicionales tensiones entre la Capital y las provincias, lo que claramente va en contra de la proclamada ambición macrista de construcción federal de su partido político. Reivindica la acción estatal y critica la “desinversión” desde el lugar simbólico de ser parte de una familia emblemática de la colusión entre el Estado y el poder económico concentrado. ¿Es entonces racionalmente incomprensible, además de políticamente irresponsable, el gesto de Mauricio Macri? No lo es. Porque no es cierto que sea un gesto “de campaña electoral”. Mirado así resultaría delirante por la cantidad de enemigos que cultiva y la potencial imagen de incapacidad gubernativa que insinúa. Es estratégico y apunta a la presidencia pero no es “electoral”. Para la elección presidencial faltan cuatro años. Los objetivos son dos: en primer lugar, la creación de un clima de zozobra, a partir de la combinación de los efectos anímicos desmoralizantes de la tragedia de Once y los miedos por la desorganización del servicio de subterráneos que podrían sobrevenir de las diferencias entre la Nación y el distrito federal. Y en segundo lugar, situar a Macri como el gran challenger de Cristina Kirchner; no solamente un challenger para el futuro, sino la expresión central del antikirchnerismo y el interlocutor exclusivo de las operaciones mediáticas del grupo Clarín y sus socios. Macri y sus aliados mediáticos han decidido jugar su suerte a la creación de una atmósfera de sospecha, miedo y odio. La reflexión que parecemos obligados a hacer los argentinos –con independencia, incluso, de nuestra simpatía o antipatía por el Gobierno– es si la recuperación del Estado depredado y vaciado por la dictadura y el neoliberalismo puede venir de la mano de la facciosidad política y la apuesta a las desgracias colectivas.

Fuente: Página12 - 04/03/2012

Muchas definiciones

EL DISCURSO DE LA PRESIDENTA Y LA CUESTION NACIONAL
 Por Federico Montero*.
En un discurso sólido, emotivo y contundente, la presidenta puso fin a los dimes y diretes sobre la supuesta demora en la toma de posición del gobierno frente a la tragedia del ferrocarril Sarmiento. En los hechos, ministros nacionales de máxima responsabilidad ya habían tomado cartas en el asunto, pero se había instalado una especie de impaciencia colectiva, fomentada por los medios, que había contagiado a propios y ajenos. Por si acaso, recordando que la palabra de la presidenta es algo más que una opinión, que tiene el carácter performativo de un acto político, reafirmó la búsqueda de justicia para las víctimas, la solidaridad con los familiares y delineó la necesidad de “volver a tener un sistema de ferrocarriles en la República Argentina”. El correlato de estas palabras fue la intervención de TBA en la mañana de hoy.
Pero esta dimensión del discurso, acaso la más esperada y la más necesaria, aunque no alcanzara para contentar a los columnistas de La Nación que sorprendentemente habían tomado un giro estatista en los últimos días, fue importante también por otras definiciones de la presidenta. Además de la profunda solidaridad con las víctimas de la tragedia y la búsqueda de justicia, en el marco del aniversario del Bicentenario de la bandera nacional, CFK avanzó en importantes lineamientos de lo que los setentistas denominarían la “cuestión nacional”.
Mal que le pese a los 17 intelectuales que firmaron una solicitada de repudio al avance de la “agitación nacionalista” en relación al legítimo reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, la apelación a la soberanía nacional y las estrategias que el país se da para insertarse en el mundo con crecientes grados de autonomía y en función de una estrategia de desarrollo nacional con inclusión social no se ciñen a las versiones militaristas del nacionalismo autoritario. Por el contrario, la apelación al patriotismo se concibe en el marco de los ideales de solidaridad y compromiso con las necesidades de los sectores populares e incluso con una agenda receptiva de un programa propio del “liberalismo democrático”. Así fue la referencia al “patriotismo de Belgrano, que sin recursos armó sus ejércitos” que CFK comparó con el “patriotismo de los ex combatientes, los pibes, que sin instrucción, sin ropa y sin comida, defendieron y entregaron su vida”. En ese marco, la apuesta por la soberanía nacional toma como tema el de Malvinas para inscribir el proceso de cambio desde 2003 también en un intento de superar a condición de país colonizado, “dominado por los agentes y sectores económicos que desde afuera y desde adentro la habían devastado”. En tiempos de revalorización de la discusión histórica, la presidenta recupera la tradición que vincula nación, democracia y soberanía popular y busca una nueva síntesis entre la tradición nacional popular y la liberal democrática.
Hay razones para pensar que la reconstrucción de la nación no responde únicamente a necesidades de política doméstica, como se suele afirmar con suficiencia, sino que responde a ciertas necesidades estructurales de los procesos de cambio en América Latina. Hace un tiempo, el sociólogo chileno Manuel Antonio Garretón afirmó que lo que hermanaba a estos nuevos gobiernos, más que un “giro a la izquierda”, era la problemática común de la reconstrucción de la nación, como antes habían sido la transición a la democracia y luego las reformas estructurales de cuño neoliberal. Ante los desafíos del capitalismo financiero del s. XXI y el declive de la hegemonía norteamericana, CFK ha replanteado la “cuestión nacional” a partir de un nuevo contenido ético, vinculado al valor de justicia y la plena vigencia de los derechos humanos, un sentido social, vinculado a las políticas de igualdad y de inclusión, una ampliación de la democracia, que trasciende las visiones institucionalistas y se plantea la cuestión del poder popular y una perspectiva regional.
La articulación práctica de estas tareas dependerá de la correlación de fuerzas que logre vertebrarse para avanzar en lo que se ha denominado alternativamente profundización y sintonía fina, es decir un nuevo modelo de desarrollo. También para sortear con éxito las contradicciones internas del proceso, resolver las tareas pendientes y mantener la solidaridad con las injusticias y tragedias heredadas. Al promediar su discurso, CFK llamó a que “Enarbolemos esta bandera por la equidad y por la igualdad, que es la mejor manera de ser libres todos los argentinos”. Tal es la convocatoria de la presidenta para resolver la “cuestión nacional” en nuestro tiempo.
* Politólogo UBA
Fuente: espacioiniciativa.com.ar - 01/03/2012

Los cambios de las facultades del Banco Central

Desmalezar
- Por Alfredo Zaiat
El proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, que incluye cambios a la ley de convertibilidad, es la reforma financiera más importante para desmontar el modelo neoliberal en el sistema bancario instalado por la dictadura de 1976 y perfeccionado por Domingo Cavallo durante los noventa. Luego de la aprobación de esa iniciativa en el Congreso, la autoridad monetaria tendrá como meta preservar el valor de la moneda, como lo establece la actual norma, sumando la estabilidad financiera y el desarrollo económico con equidad social. Podrá regular y orientar el crédito que otorgan los bancos, estableciendo las condiciones en términos de plazos, tasas de interés, comisiones y cargos. El Banco Central recuperará así su rol histórico en la promoción del crédito productivo. Define enterrar formalmente la guía ortodoxa Metas de Inflación, que disminuye la autonomía de la política cambiaria y expone a la economía a la inestabilidad de los mercados financieros. Esto implicará que será un mandato del directorio de la entidad informar antes del inicio de cada ejercicio sus objetivos y planes de políticas monetaria, financiera, crediticia y cambiaria, con la estimación anual de las variables claves, sin establecer explícitamente una meta de inflación a la que el resto deba subordinarse. Incorpora bajo su jurisdicción la supervisión de otros sistemas de pagos, de cámaras compensadoras, de empresas de remesas de fondos y de las transportadoras de caudales. Asume la responsabilidad de defensa de los usuarios frente a abusos de los bancos. Establece como principio “velar por un sistema financiero con un adecuado nivel de competencia”, lo que habilitará a establecer niveles de participación de mercado. Además, el directorio de la entidad recupera el control efectivo de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiaria, que había adquirido cierta autonomía de gestión y negocios con la actual Carta Orgánica.
Cualquiera que conozca la historia de las bancas centrales, incluyendo la argentina, encontrará en estos cambios una transformación sustancial para desmalezar el sistema financiero. Varias ideas expuestas en iniciativas para modificar la ley de entidades financieras, para dejar atrás la de Martínez de Hoz de 1977, están incluidas en este proyecto.
Una mirada de corto alcance, influida por años de hegemonía neoliberal, concentrará el análisis de esta reforma en el artículo que modifica la ley de convertibilidad vinculado con la definición de “reservas de libre disponibilidad”. Esa visión contable, que evalúa todo con criterio caja, no percibió lo relevante de ese proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso. Las transformaciones de las facultades del Banco Central son mucho más importantes que la específica relacionada con las reservas, constituyéndose en una de las reformas en el frente financiero más destacada del ciclo kirchnerista.
El debate sobre la necesidad de contar con un monto de reservas que cubra la totalidad de la base monetaria es insignificante, puede servir para lograr una mayor figuración mediática, pero es un concepto que, desde el estallido del 1 a 1, quedó vacío. Es cierto que es una noción que quedó marcada a fuego por una década de convertibilidad y profunda dolarización de la economía. Sin embargo, por encima de las percepciones y el texto de una ley, a partir de la megadevaluación y la instrumentación de un régimen de tipo de cambio administrado y flexible, esa estricta relación dejó de ser importante, sólo quedó de referencia para nostálgicos de un esquema que fracasó.
La obligación de mantener una relación equivalente entre la base monetaria y la cantidad de reservas internacionales como resguardo de estabilidad económica mostró, además, que era una ilusión cavallista, aceptada por parte de la sociedad y publicitada por banqueros y el elenco estable de economistas del establishment. La crisis de 2001 hizo estallar esa fantasía cambiaria. Con un régimen de tipo de cambio flexible, cuya paridad puede subir o bajar, la relación con la base monetaria también fluctúa y, por lo tanto, son otras las variables, además del circulante, para definir la cantidad de reservas óptimas que debe atesorar el Banco Central.
En el proyecto se propone que el directorio de la autoridad monetaria deberá definir el nivel de reservas que garantice el normal funcionamiento del mercado cambiario, “tomando en consideración la evolución de las cuentas externas” (inciso “q” del artículo 14 de la Carta Orgánica). No se elimina la noción de “libre disponibilidad” en la ley, para tranquilidad de puristas y guardianes de las reservas que hablan sin leer, sino que se la redefine. No estará vinculada con los excedentes sobre la base monetaria, sino con otros parámetros relacionados al sector externo. Hasta ahora la administración kirchnerista había mantenido el concepto heredado cuando decidió pagar la deuda con el FMI y otros vencimientos con “reservas de libre disponibilidad”, como estableció en los decretos respectivos. La aplicación de reservas en el Fondo de Desendeudamiento para el pago de capital e intereses de títulos públicos fue un desafío político pese a la resistencia de sectores de la ortodoxia. Esa limitación terminó irrumpiendo por la fuga de capitales del año pasado, porque si se mantiene como está se frenaría la estrategia de desendeudamiento, dejando al descubierto que el término “libre disponibilidad” atado a una concepción monetarista actúa en los hechos como una restricción a la autonomía de la política económica.
Con la nueva norma, ¿cuál será el monto óptimo de reservas? En Argentina, que tiene una economía con un elevado grado de dolarización, la cantidad de reservas tiene mucho que ver con el valor que se ubica el billete verde y en las expectativas sociales que existen sobre la capacidad del Banco Central para defender la paridad del peso. El atesoramiento de reservas facilita la administración del tipo de cambio, ofrece un autoaseguro frente a las corridas cambiarias y modificaciones súbitas en los flujos de capitales, reduce la vulnerabilidad externa, permite contar con un prestamista de última instancia propio en moneda extranjera y disuade presiones devaluatorias y ataques especulativos.
Uno de los criterios aceptados por la grey de economistas para definir “reservas óptimas” es que esas divisas deben cubrir cuatro meses de importaciones y ser equivalentes a una porción del circulante monetario (algunos calculan el 25 por ciento y otros la elevan al 50 por ciento) más los depósitos en cuenta corriente y caja de ahorro. También se elaboran indicadores referidos a la relación con la deuda y los vencimientos de capital e intereses futuros. Por lo pronto, según el proyecto de nueva Carta Orgánica, se hace referencia a la evolución de las cuentas externas, lo que implica el resultado de la balanza comercial y de la cuenta corriente.
Con la derogación de uno de los resabios de la Convertibilidad y después de quedar demostrado, no sólo aquí, sino en muchos otros países a partir de la crisis en Estados Unidos y Europa, que no existe la “independencia” de las bancas centrales, esta reforma financiera recupera la tradición de mandato múltiple para la autoridad monetaria. Esta se había restringido a un único y exclusivo objetivo de preservar el valor de la moneda, que no era otra cosa que consolidar la separación en la economía entre lo monetario y lo real, escisión que sólo es funcional a los intereses de las finanzas, con el resultado conocido de descalabro macroeconómico y elevado desempleo. Ahora el Central podrá aplicar herramientas financieras para, por ejemplo, llevar adelante políticas específicas destinadas a impulsar la inversión o atender las necesidades de pymes o de economías regionales. La ruptura con ese legado de los noventa implica devolver al Banco Central su rol histórico en la promoción del crédito productivo, acompañando las políticas formuladas por el Gobierno. Será una de las funciones estratégicas para garantizar la estabilidad monetaria y para sostener el crecimiento económico y tender al desarrollo y el pleno empleo. Es lo mismo que se definía en la norma que regía el BCRA antes de la reforma de 1992 y lo que postula en su carta orgánica la Reserva Federal, banca central estadounidense, referencia para desorientados por las alertas de espanto de voceros de banqueros y ex presidentes del BCRA, siempre tan cercanos a los intereses del mundo de las finanzas.
Fuente: Página 12, 04.02.12