03 septiembre 2011

Entrevista a la Sub-secretaria de Promoción de DD.HH. – Parte I

Marita Perceval: “No hay que reinventar el modelo, hay que cuidarlo y avanzar”.

Reportaje de Federico Ghelfi y Telémaco Subijana
Iniciativa entrevistó en exclusiva a Marita Perceval, Sub-secretaria de Promoción de Derechos Humanos de la Secretaria de DD.HH. de la Nación. Fue Senadora Nacional por el Frente para la Victoria hasta el año 2009 y anteriormente ocupó diversos cargos a nivel provincial y nacional. Filósofa, en el ámbito académico se desempeñó como docente e investigadora en la Universidad Nacional de Cuyo. Militante feminista de larga trayectoria en el campo de los derechos humanos, en esta oportunidad presentamos la Parte I de esta entrevista en la que analiza el proceso político luego de las primarias y las transformaciones más importantes del modelo iniciado en 2003. Leer más.
¿Cuál es su opinión acerca del proceso político actual luego de las elecciones primarias?
En principio, mi impresión es de alegría, confianza, responsabilidad y humildad por sentir y reconocer que más de un 50% de los argentinos y las argentinas acompañaron con su voto a la Presidenta. Esto no significa un voto en que se está de acuerdo punto por punto, pero sí expresa que se está de acuerdo con el modelo de país y con las mejoras de las condiciones de vida que ha tenido la Argentina en estos últimos años. Es decir, se trata de un voto de confianza al modo en que la Presidenta va a seguir llevando adelante una Argentina en donde la dignidad, la inclusión y la igualdad sean traducidas en condiciones concretas y no en valores abstractos en las cuales nos reconocemos. Lo mismo ocurre en relación al enorme avance en cuanto al reconocimiento de la diversidad y las diferencias en clave de igualdad. Esta expresión de más del 50% de los votos en las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) es indudablemente una enorme fortaleza en términos de una evaluación de esta gestión de gobierno del Estado Nacional. También despeja cualquier mediocridad y mezquindad de aquellos que se empeñaban en caricaturizar, ridiculizar y menospreciar el temple de la Presidenta Cristina Fernández y su capacidad política para gobernar. Esta operación no solamente descansaba en los medios hegemónicos de comunicación sino también en los pasillos oscuros del poderío y los pactos que tanto daño nos hicieron a los argentinos. En definitiva, las primarias fueron una respuesta contundente por parte de la ciudadanía y, para quienes formamos parte de este proyecto político, constituye una exigencia a reconocer que el voto de confianza fue a un modelo de país y que la adhesión fue a la Presidenta.
¿Cómo caracteriza el modelo político iniciado en 2003?
Me gustaría hacer hincapié en la gestión de Cristina aunque bien reconozco y valoro con enorme pasión lo que significó la gestión de Néstor Kirchner. Cuando él asumió era impensable que se pudiera cambiar la realidad: su gobierno fue una novedad para una Argentina que vivía una epidemia de escepticismo que nos había penetrado en la cultura cotidiana. El camino iniciado por Margaret Thatcher en Inglaterra y continuado por las expresiones del neoliberalismo habían calado hondo aunque ese modelo significara la pobreza de las mayorías, el desempleo de muchos o la angustia de todos; era lo único que había. En ese contexto, Néstor Kirchner demostró que no había un único camino. Probó que se podía renegociar la deuda, cambiar la Corte Suprema de Justicia y, en definitiva, sincerar el debate político. Su gestión se constituyó como un punto de partida fundamental hacia transformaciones imprescindibles.
Por su parte, desde que Cristina asumió la presidencia, se produce indudablemente una transformación en la voluntad y en la decisión de cambiar las relaciones de poder en la Argentina. Esto fue un cimbronazo. Cristina Fernández no es la presidenta de los vetos y los Decretos de Necesidad y Urgencia, sino la de las políticas públicas que se garantizaron en normas que significaron un giro copernicano en la historia argentina.
¿Cuáles considera que son los avances más significativos?
Se han llevado a cabo grandes transformaciones, una de las más importantes tuvo que ver con la administración estatal de la seguridad social. Cuando estaba rifado el presente de los jubilados y jubiladas y el futuro de los trabajadores y trabajadoras activas, tomó la decisión de recuperar un sistema basado en la solidaridad, tal como lo instruyen, indican y orientan todos los instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos. Esto sirvió para resguardar estos fondos de la timba financiera y la economía-casino que habían instalado las AFJP no solamente en nuestro país sino que también los sistemas previsionales en el resto del mundo. Esto lo están sufriendo en la actualidad los países desarrollados. Esta posición política e ideológica llevó a que nuevamente surgieran en la escena ciertas paradojas, contradicciones y fantasmas. La paradoja tuvo que ver con que aquellos que durante la década del 90 habían vociferado que estaban en desacuerdo con las siniestras privatizaciones del sistema de jubilaciones y pensiones, votaron ahora en contra de la re-estatización. La contradicción tuvo que ver con quienes, al momento de discutir el proyecto, decían que recuperar para el Estado la administración de las AFJP iba a significar que el mercado se resintiera y que el crecimiento en la Argentina se iba a detener porque sería un signo de incertidumbre para los inversores; fue la realidad la que los contradijo. Por último, respecto a los fantasmas que se anunciaban respecto a que el sistema iba a ser deficitario y que iba a servir para el jolgorio de los amigos del poder, todos pudimos ver como esos miedos se despejaron. La re-estatización fue una medida revolucionaria y una política sustantiva. Debemos recordar que en el periodo previo el Estado estar subsidiando a las AFJPs por la suma de $ 4.000 millones para que pudieran pagarle -y mal- a los jubilados dado que se habían rifado los recursos. Ahora no solamente hemos refinanciado el sistema, sino que sancionamos una ley de movilidad que obliga a realizar dos incrementos anuales de los haberes jubilatorios. Esto no solamente se cumple sino que también los fondos de la ANSES han servido para implementar la Asignación Universal por Hijo (AUH): la política de mayor impacto y extensión de América Latina. Significa el 1.3% del PBI de la Argentina, mientras que un programa equivalente como es “Bolsa Familia” en Brasil -un excelente programa que se constituyó como una superación por parte del gobierno de Lula al “Bolsa Escola” implementado por F.H. Cardoso- no llega al 1% del PBI. Esto no lo expreso como una crítica al gobierno brasileño sino que lo tomo a modo de ejemplo para dar cuenta de que la AUH es el programa de inclusión más importante no solamente en relación al PBI sino que también en lo que respecta a las consecuencias de su implementación. La AUH contribuyó a un aumento de la matricula educativa del 27% y a la incorporación e inclusión en el sistema de salud de una gran cantidad de madres y niños.
Otra medida transformadora fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tantas veces querida, debatida y comentada en los ámbitos académicos, sociales y políticos. Es importante remarcar que durante los ´90 muchos dirigentes políticos se convirtieron en comentaristas. Y, como sabemos, comentar no entraña riesgos; en tal caso estos comentaristas estaban (y están) más o menos invitados a los espacios mediáticos dependiendo de su atractivo o su grado de histrionismo, es decir, de cuánto podían contribuir al rating. En este contexto, todo lo contrario ocurre cuando un gobierno exhibe y materializa una intención de transformación. La voluntad de decidir es la que implica poner sobre la mesa ideas, intereses y proyectos. Y en este sentido se da la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con el valor agregado de haber contado con una enorme participación social antes, durante y después de su tratamiento. Se promovió el debate sobre la difusión y el protagonismo que surge de los diversos medios emergentes, que considero que ya no deben llamarse “alternativos” a la hegemonía sino “medios genuinos de comunicación social, popular y comunitaria”. Este es otro de los grandes logros de esta gestión, aunque falte mucho por delante en la materia. Recordemos que no fue fácil transitar el camino: intentaron torpemente la vía de la judicialización a través de amparos en distintas provincias -la política había sido víctima no solo del “comentarismo sin riesgos”, sino que también de la “judicialización con privilegios”- pero se fue demostrando una y otra vez que se contaba no solo con la legalidad sino también con una legitimación social. Finalmente a las corporaciones les salióel tiro por la culata, porque cuando argumentaban la “crispación de la prepotencia” para fundar el amparo, mostraron la “concentración de la prepotencia”. La democratización de los medios sigue siendo un tema en debate y se relaciona con una construcción cultural.
Por último, otros de los grandes hitos fue la discusión en torno a la resolución 125. No empecé por la 125 porque para eso me reservé este momento. Este conflicto no puede explicarse si no entendemos todas las políticas públicas llevadas a cabo desde el 2003 –entre ellos, las primeras, del desendeudamiento que siguió siendo una política del gobierno y la inclusión jubilatoria, que se aceleró y profundizó. Todo esto se llevó a cabo en un contexto de crecimiento de la economía nunca antes visto en la historia argentina. Esto no puede ser explicado por el famoso “viento de cola” del que hablan desde la oposición. Actualmente, nos encontramos ante un contexto de crisis internacional y, a pesar de esto, se estima que nuestra economía crecerá en torno al 8%. Siendo mendocina puedo dar cuenta de lo que es el “viento de cola”. A modo de ilustración, cuando uno viaja en avión desde Mendoza a Buenos Aires, el trayecto dura –con viento de cola- alrededor de unos 20 minutos menos que cuando se realiza el camino inverso. Siempre puede haber “vientos de cola” o “vientos de frente”: el asunto es si el piloto o la pilota puede conducir el avión, si sabe adónde va, cómo despegar y cómo va a aterrizar. Entonces, ¿qué importa que haya viento de cola? Siempre se trabaja sobre escenarios de oportunidad e hipótesis de complejidad/dificultad. Dicho lo anterior, podemos avocarnos a la 125. En este sentido, uno de mis últimos discursos como senadora nacional fue dedicado –en aquella votación de la 125- a quien está por terminar como un hombre gris, que ocupó la vicepresidencia prestada (porque los votos eran de Cristina y suya fue la traición). En ese momento había cierta apología de la libertad de conciencia por parte de algunos bloques unipersonales. Decían que había que ir contra el verticalismo. En ese momento yo pensé: “qué degradación tan cínica”. Lo cierto es que lo que verdaderamente se atacaba era el voto deliberado de mujeres y varones militantes que saben por qué y para qué han ocupado una banca legislativa. Participar en política implica estar de acuerdo con un programa, y si se lee la plataforma del 2007 de la candidatura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner (aquella en una de las propagandas decía “Cristina, el vicepresidentey vos”), claramente se expresaba la búsqueda de una redistribución más justa de la riqueza y la aplicación de retenciones a las rentas extraordinarias. Por lo tanto, o el vicepresidente no leyó la plataforma (cosa muy frecuente en algunas personas que acceden al poder sin tener un compromiso por el proyecto en el que participan), o lo hizo y no actuó acorde al programa del que era parte. Por eso le cabe lo que con dramatismo, lucidez y coraje le dijo el senador Pichetto: “si lo tiene que hacer, hágalo ahora”; el mensaje era que cuando se decide traicionar para ser funcional a una corporación poderosa, “que no le tiemble el pulso, si ya lo decidió, anímese y hágalo de una vez; traicione y deje de titubear”. Y en contraposición, cabe destacar el papel, la presencia, el acompañamiento, el cuidado, el enojo, la ternura y el desbordado amor de esos días, explicitado en las calles, en los actos, por Néstor Kirchner para con Cristina. La 125 fue un momento en el cual había que aprender que tomar decisiones en favor de las mayorías, una vez más, no era gratuito. Ya había ocurrido que, cada vez –en muchas ocasiones- que se había intentado esto, se habían acabado los gobiernos democráticos, se habían producido golpes de estado o debilitamientos inmediatos de los poderes legales y legítimos; y el reemplazo o condicionamiento de parte de los poderes fácticos.
Tampoco quiero olvidar otras iniciativas. El matrimonio igualitario es otra de las medidas más emblemáticas.
En esa y otras oportunidades algunos sectores plantearon que no se trataba de una iniciativa “genuina” del gobierno ¿qué opina sobre esos planteos?
Cabe aquí una anécdota. En uno de los viajes desde Mendoza a Buenos Aires, una distinguida abogada progresista (entiendan lo que quieran con eso) me dijo: “Ustedes los peronistas son siempre los mismos ¡Qué bárbaro esto que hizo Cristina! Sacarle una idea que era de otras personas y adueñarse del matrimonio igualitario cuando nunca jamás se le habrá ocurrido”. Esto es algo que considero como una mezquindad, una torpeza y una mediocridad por parte de ciertos sectores. Escuchamos lo mismo cuando Néstor Kirchner y Cristina decidieron poner fin a la impunidad, no solamente declarando nulas y derogando las leyes de Obediencia Debida y los indultos, sino avanzando en los Juicios por Verdad, Memoria y Justicia. En esa ocasión también decían que “nunca estuvieron en la Ronda con las Madres”, lo cual puede ser, pero también hay que contestarles que nunca estuvieron picaneando en un Centro de Concentración a un compañero, o siendo cómplices de hacerse los que no sabían lo que estaba pasando. Por otra parte, Cristina sí había presentado proyectos en el sentido de deslegitimar, criticar y derogar las leyes de Obediencia Debida, Punto Final o Indulto. Cuando fue diputada había presentado, y se promulgó, la derogación de las Leyes Secretas. También había votado en contra de la privatización del Correo, se había enfrentado con su Bloque por Yaciretá, con el por  entonces Ministro de Defensa O. Camilión por la venta de armas a Ecuador y Croacia (coas que le valió que la echaran del Bloque: un caso único). En definitiva, cuando se sancionó la Ley de Matrimonio Igualitario en 2010, no se había presentado un proyecto en forma previa, pero se supo escuchar -como tantas veces- una demanda social. Si se mira cómo se construyen las minorías, se debe tener en cuenta que pueden serlo cuantitativamente pero también pueden ser una mayoría culturalmente. Por ejemplo: puedo decir que las personas trans no llegan a ser 7.000.000, pero tal vez haya más de 30.000.000 de argentinos y argentinas que quieren la igualdad y la no discriminación para las personas trans. Con lo cual, no sirven las evaluaciones apresuradas si no se analiza por completo cómo se construye una sociedad. El problema es que se enojan cuando a la Argentina le va bien y a la sociedad le va mejor. ¿Qué impedía que una presidenta se hiciera cargo de una demanda social? En nuestro país muchas cosas han impedido que un presidente o una presidenta se hiciera cargo de una prolongada demanda social: cúpulas eclesiásticas de distinto signo, intereses económicos, discriminadores por profesión, pitonisas sin destino, etc.
Cuando se está ante la oportunidad de tomar decisiones como la de promover el reconocimiento del matrimonio igualitario, seguramente otros presidentes lo habrán medido en términos de conveniencia y no resuelto en términos de principios. Esto muestra lo que es Cristina y esto es lo que anhelamos que sean estos próximos años. No pretendemos perpetuarnos en el poder sino que se siga liderando esta enorme oportunidad que hemos tenido, primero con Kirchner, de sacarnos el escepticismo y el miedo, y ahora con Cristina, de sentirnos curiosamente libres e inmensamente dignos para construir igualdad, libertad y, como dijo hace poco, de hacer “Patria” (que no es una categoría tradicionalista). Patria tiene que ver con la libertad de los derechos individuales, de los derechos humanos, aquellos para los cuales cada individuo como persona irrepetible pueda elegir su proyecto de vida con autonomía. Pero no se puede ser libre sin igualdad, que es la dimensión social de los derechos humanos. No vale la libertad de uno a costa de la desigualdad de otros
¿Hacia dónde cree que se debe orientar o profundizar el modelo?
Más igualdad, que significa más personas integradas al trabajo decente, terminar con siete de cada diez mujeres víctimas de violencia, más pibes y pibas en la educación media, superior y universitaria, más trabajo decente, más disfrute y proliferación cultural y celebración de lo diverso, más reconocimiento del otro en términos de no discriminación, más distribución de la riqueza. En definitiva, considero que no hay que reinventar el modelo, hay que cuidarlo y avanzar.
Fuente: Iniciativa - 30/08/2011

Marita Perceval: “El objetivo es construir, en forma concertada y plural, una cultura de derechos humanos no sólo al interior del país sino también en el MERCOSUR”. Entrevista a la Sub-secretaria de Promoción de DD.HH. – Parte II
Reportaje de Federico Ghelfi y Telémaco Subijana
Iniciativa presenta la Parte II de la entrevista exclusiva a Marita Perceval, Sub-secretaria de Promoción de Derechos Humanos de la Secretaria de DD.HH. de la Nación.  Fue Senadora Nacional por el Frente para la Victoria hasta el año 2009 y anteriormente ocupó diversos cargos a nivel provincial y nacional. Filósofa, en el ámbito académico se desempeñó como docente e investigadora en la Universidad Nacional de Cuyo. Militante feminista de larga trayectoria en el campo de los derechos humanos, en esta oportunidad describe los principales ejes de trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la perspectiva de incorporar el derecho a la ciudad como un derecho emergente. También analiza los avances legales en materia de género y los desafíos sociales pendientes en relación a esa temática. Leer más.
¿Cuáles son los principales ejes de trabajo que lleva adelante la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos de la que está a cargo?
La Secretaria de Derechos Humanos ha tenido la decisión del Presidente Néstor Kirchner, primero, y de la Presidenta Cristina Fernández, después, de contar con una agenda muy importante, luego de haber sido por mucho tiempo un área inexistente o desatendida. Recordemos que antes del 2003 no era posible contar con una Secretaría de Derechos Humanos fuerte dado que, mientras tanto, convivíamos con la impunidad. Había que resistir a esa contradicción de que figurara en el organigrama del Estado y ser un área inútil. Por todo esto, adquiere mucho valor que haya sido designada una persona como Eduardo Luis Duhalde, por su reconocimiento, su afecto, su trayectoria de valor, de honestidad, de integridad. Esto lo señalo en tanto considero que las ejemplaridades ayudan a construir instituciones.
La Secretaría, como es evidente, cuenta con una gran fortaleza en el área de Memoria, Verdad, Justicia y Reparación. Se trata de un espacio para rememorar y de contar con la memoria como una dimensión del futuro. En este contexto, desde esta Subsecretaría de Promoción, el eje fundamental (en continuidad con lo que se venía haciendo) es contribuir  a construir, en forma concertada y plural, una cultura de derechos humanos, no solo en cada rincón del país, sino también al interior del MERCOSUR, la UNASUR e Iberoamérica. Se trata de extender la convicción de que una cultura en Derechos Humanos no es solamente la letra abstracta de Declaraciones, Convenciones, Protocolos internacionales o regionales de Derechos Humanos, y ni siquiera es solo la letra de una ley de orden interno, sino que es una práctica, un modo de andar por la vida, de mirar a los demás, de vincularse. El objetivo es ése: contribuir a construir una cultura de derechos humanos.
En cuanto a las herramientas estratégicas para abordar esa construcción deben rescatarse la formación y la capacitación. Contamos con un Área de Capacitación, que hemos redefinido porque en estos años hemos crecido mucho y esto nos obligó a asumir nuevos desafíos. A partir de ello tenemos la posibilidad de generar políticas de mayor impacto y extensión. Por otra parte, también hemos comenzado a construir una Red Universitaria en Derechos Humanos. En un país como el nuestro, en donde los Derechos Humanos son una política de estado, las universidades deben contar no solo con un contenido sustantivo en la materia, sino que los derechos humanos pueden también ser objeto particular de un instituto, un centro o una cátedra específica. O incluso un componente transversal a todas las carreras y a todas las asignaturas. Debemos preguntarnos ¿por qué un biólogo, un arquitecto o un economista no tendría que tener una perspectiva de derechos humanos?
Asimismo, hemos comenzado a trabajar con estrategias de derechos humanos relativas al trabajo digno, que es un componente clave de nuestro modelo de país. Desde el 2003 se han creado 5 millones de puestos de trabajo, con una diferencia respecto a las décadas anteriores: hacia mediados de los ´90, diversos estudios daban cuenta que 9 de cada 10 puestos de trabajo que se creaban eran trabajos informales, precarios, flexibles, es decir trabajo sin derechos sociales. Esta ecuación se invirtió y, en forma progresiva, se ha logrado que de cada 10 trabajos que hoy se crean en la República Argentina, 9 sean a través de empleo decente, con todos sus derechos sociales cubiertos. Esto no quiere decir que está todo resuelto, y en ese sentido es que trabajamos fuertemente para erradicar el trabajo informal. En esta línea, cabe resaltar el proyecto de regulación del trabajo en casas particulares, enviado como un claro mensaje por la Presidenta al Congreso. Desde la Subsecretaría trabajamos en una campaña nacional y hemos acercado más de 8000 firmas al Congreso. Se trata de garantizarles derechos a 1 millón de personas (en su mayoría mujeres) que no hoy no pueden enfermarse o quedar embarazadas, ni contar con un aguinaldo o vacaciones. Aquí cabe una aclaración: aun cuando esta problemática no tuviera esa magnitud cuantitativa, cabria hacer la pregunta “A usted -el que se queja por la radio, señora o señor- ¿le gustaría que, en caso de tener dolor de garganta, tos y fiebre, en lugar de enviar a su trabajo un certificado médico que diga que tiene que cuidarse dos días para estar sana y volver a trabajar y, le digan: No, querida, si no venís no te pago”? En este contexto, hay que resaltar también el trabajo del INADI en la promoción de la cultura del reconocimiento. Básicamente, se trata de pensar en “el otro” al momento de considerar aquello que quiero y que exijo para mí. Tenemos que romper con ese sálvese quien pueda ligado al auge del individualismo y a una cultura que estuvo en estrecha relación con la matriz económica del neoliberalismo. Tenemos que terminar con esa discriminación, que es distanciamiento, separación, diferencia, que jerarquiza, que hace que yo diga “para mi todos los derechos como trabajadora, y para vos, sirvienta, ninguno”.
Otra de las iniciativas tiene que ver con promover el derecho a la ciudad. Esto se relaciona con una apuesta a la formación y articulación de casi todos los ministerios nacionales y las provincias, en derechos económicos, sociales y culturales de incidencia colectiva como es el derecho al ambiente sostenible, a la solidaridad, al conocimiento. Asimismo, trabajamos el tema de los derechos de los pueblos originarios y de los migrantes, en algunos casos, junto a otras áreas del Estado.
Por último me gustaría señalar que trabajamos en prospectiva, analizando aquellos derechos emergentes que aun no están reconocidos por un instrumento normativo específico, internacional o regional. Tenemos el empuje y la convicción -frutos de luchas sociales y voluntades comunitarias- para lograr que estas agendas sean reconocidas como derechos. En este sentido, no quiero dejar de mencionar nuestra intención de abordar el derecho a la comunicación como instancia superadora e integradora de los derechos reconocidos a la libertad de expresión y al derecho a la información. Haciendo un repaso histórico, estos últimos surgen del pensamiento liberal –lo que no tiene nada de malo en sí mismo- y se inclinan más a proteger a las empresas, y a concebir la libertad de prensa frente a estados que, en el momento  de ascenso de los nacionalismos o las totalizaciones estatistas,  ahogaban y asfixiaban bajo la propaganda los silencios de aquellos medios que querían decir otra cosa.  En Argentina fue al revés: los grandes medios silenciaban e invisibilizaban a los detenidos desaparecidos; invisibilizaban y silenciaban a los piquetes del hambre; invisibilizaban y silenciaban a las minorías sexuales que reclamaban dejar de ser hostigadas por las Fuerzas de Seguridad; invisibilizaban y silenciaban a las madres contra el gatillo fácil, a las madres del dolor, etc. Frente a esta lógica del mundo del revés (en un homenaje a María Elena Walsh) la hemos resignificado, integrándola a un derecho emergente como lo es el derecho a la comunicación. Este supone, además de expresarse, también escuchar, mirar, leer, reconocer. Tiene que ver con lo que les decía Evita a las mujeres del Partido Peronista Femenino: “¡Muchachas: hay que saber qué derechos tenemos y si no los tenemos empecemos a construirlos; vamos por el voto!”.
En la reciente publicación del libro “Derecho a la ciudad. Ideas para debatir”, del cual es una de las coordinadoras y autoras, se instala la temática desde una perspectiva de derechos relativamente novedosa, ¿cuáles son los desafíos centrales para construir ciudades con mayor integración e inclusión?
La prospectiva para el 2020 es que el 90% de la población en América Latina va a vivir en ciudades, es decir en urbanizaciones. En los último tiempos, las ciudades en el mundo han sido expresión de un modelo gerencialista. Este procesos tiene que ver con la acelerada urbanización de la economía de servicios que llevó a considerar a las ciudades como un negocio inmobiliario en donde el suelo no es motivo de regulación y coordinación estatal, sino un terreno de especulación financiera y del precio como un valor asignado por la competencia del mercado. Este desguace de la visión de los bienes comunes lleva a que el suelo, la tierra, los modos de crecimiento, estén asociados a criterios de gentrificación -como señalan ciertos autores-, de segmentación de la ciudad según el color de piel, origen migratorio o por la condición socio económica. Esto está lejos de parecerse a lo que se dio durante las décadas de los ´40 o ´50 en relación a que se construían los barrios de trabajadores, de los ricos, los universitarios, de los viajantes, etc., ya que se trataba de la expresión de la visión de una sociedad que se organizaba en el mundo del trabajo con la división social (y no sexual, que estaba dentro de la casa). Hoy lo que expresan las ciudades es la obscena concentración de la riqueza y la escandalosa miserabilidad sobre la que se ha consentido que viva la mayoría de las personas que las habitan (que hayan nacido allí o que llegaron a ellas). Entonces, el hecho de haber planteado críticamente -desde el Foro Social de Porto Alegre a mediados de los 90- a la ciudad como el espacio donde se realizan los derechos fue un gran avance. Es por esto que el “derecho a la ciudad” pasa a ser solicitado, demandado y luchado para que sea reconocido como un derecho humano. Porque si se trata del lugar donde se realizan los derechos, la ciudad se vuelve el espacio y el tiempo que debe pensarse y construirse como garantía del ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales. No solo con el criterio espacial de proximidad o accesibilidad, en la que hay que invertir mucho en las ciudades, sino también en igualdad, equidad y no discriminación: igual calidad, igual innovación y equivalente inclusión.
Siendo autora de la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, ¿Cuál es la dimensión que adquiere la temática?
Esta fue una ley muy debatida. El proyecto original tuvo modificaciones y de esto se trata la deliberación democrática: las ideas tienen que ponerse en diálogo, en consideración, en revisión y ser parte de una construcción colectiva. El tráfico y la trata de personas, mayoritariamente de mujeres y niños, con fines de explotación sexual, laboral y -un tercer componente no muy instalado en la opinión pública relativo a al tráfico de órganos y tejidos- es una amenaza profunda en la Argentina y el mundo. Cabe aquí una anécdota: recuerdo haber encontrado hace un tiempo a un amigo en una panadería de la esquina de mi casa que me dijo “¡Ay, negrita!, siempre vos con estos temas: estás con el control de armas, la trata, la radicación de violencia contra las mujeres, los problemas infantiles. Basta con eso, estas cosas no existen acá”. No se trataba de una persona malintencionada o mal informada. Esto lo menciono para ilustrar esa tendencia a poner todo bajo la alfombra: en este tema se trata tanto de combatir tanto la complicidad con la corrupción como la invisibilización. Por eso creo que esta ley sirvió para instalar esta problemática que en distintos ámbitos se negaba, desde su propia existencia hasta su real envergadura. Esto también lleva a tener una cultura de prevención en la vida cotidiana, permitiendo saber dónde estamos sin caer en la paranoia. Por otro lado, favoreció el diseño de políticas públicas, desde los diferentes ministerios, según sean sus componentes (laborales o sexuales). Nos encontramos ante un momento de expansión del compromiso de diversas áreas del estado y desde nuestro rol institucional de la Secretaría, colaboramos en la sensibilización. Ahora bien, todavía queda una instancia relativa al tema de tráfico y trata en la que se está trabajando. Necesitamos seguir creando espacios de articulación para que sean aun más eficaces los resultados y más integrales las medidas. La protección y asistencia a las víctimas de trata supone un gran trabajo interdisciplinario.
También es autora de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Teniendo en cuenta la necesaria articulación de los organismos estatales en sus diferentes niveles, ¿Cómo evalúa su implementación? ¿Cuál debería ser el rumbo a seguir?
El tratamiento de esta ley también fue muy extendido. La diferencia respecto de la ley que acabamos de considerar radica en la “evaluación”. La Ley sobre tráfico y trata de personas no fue una ley especial. En algunos países se elaboró una ley especial para tráfico y trata donde primaba el enfoque de extender una visión punitiva, propia del Estado Gendarme. Pero ese camino lleva a un desorden punitivo porque son leyes especiales que después no tienen congruencia ni proporcionalidad con los Códigos Penales de cada país. Por eso, nosotros seguimos un modelo orientado a que el tráfico y la trata de personas fuese un tipo penal específico y un delito federal. Esto marcó una diferencia con la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Aquí no hubo una ley punitiva ni de sanciones, se trata de una ley que orienta sobre la necesaria implementación de políticas públicas integrales, con perspectiva de género y articuladas en todo el Estado para prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres. Esto incluye la articulación entre los tres poderes del Estado. El Legislativo es responsable de su seguimiento; existen instrumentos de observancia en la Suprema Corte de Justicia (la Oficina de la Mujer a cargo de Carmen Argibay y la Oficina de Violencia Intra-familiar que conduce Elena Highton) y el Poder Ejecutivo, por su parte, actúa en todas sus áreas. La autoridad de aplicación es el Consejo de las Mujeres. Considero que se está trabajando muy bien en este tema.
Algunas de críticas tuvieron que ver con la consideración acerca que se trataba de una arquitectura institucional débil. La hemos fortalecido. Hoy se está poniendo en marcha un Observatorio y hay una subsecretaria específica para el monitoreo de le ley. Por supuesto, queda mucho por hacer, pero se está avanzando. En la medida en que es una ley de orden público, debería ser inmediatamente asumida por todas las jurisdicciones provinciales y los espacios locales. Sin embargo, falta mucho en este sentido.
La violencia física en el 87% de los casos es ejercida por alguien que convive con esa mujer o una ex pareja. En el caso de la violencia laboral, se sufre en donde se trabaja. En el caso de la violencia obstétrica, ocurre donde se estás pariendo. Por todo lo mencionado, se requieren articulaciones y mecanismos institucionales que estén al alcance de las víctimas.
Por otra parte, tampoco hay que invisibilizar o negar la violencia simbólica, aquella que despoja de libertad y dignidad a los cuerpos. Ir sobre esta cuestión, que ocurre mayoritariamente en los medios masivos, no es puritanismo sino intimidad. El cuerpo es de él o ella y no un objeto.
Todavía falta mucho por hacer: una ley no alcanza para cambiar la realidad. Ayuda, así como la realidad ayuda a que exista una ley. La solución no viene por sí sola, por eso, debemos seguir trabajando colectivamente.
¿Qué otras iniciativas se tienen que empezar a abordar en relación a la agenda de género?
Aquí voy a pronunciarme como feminista. En este sentido veo que existe -aún en ropajes progresistas y no sólo en la Argentina sino a nivel internacional- una tendencia preocupante, una visión que empieza a aparecer hacia fines de los ´90 y se despliega en el Siglo XXI bajo la tendencia a la securitización de las sociedades, aquella que considera que la desigualdad de la mujer se resuelve con un Estado Punitivo o con políticas tutelares. Si algo quisimos liderar las militantes feministas era la conducción de nuestras propias vidas y salir del tutelaje. Para mí, bastaron las brujas que se quemaron para que volvamos a mirar a las mujeres desde la construcción de un Estado Gendarme. Lo digo con preocupación porque escucho este discurso no sólo en el ámbito académico sino también del lado de amigas progresistas que tienen actuación política.  En este camino de lo punitivo y lo tutelar rinde la “mujer víctima”. Se insiste en la protección y el amparo al punto de de que la víctima es asfixiada, cuando en realidad a la víctima hay que ayudarla a que construya su proyecto de vida con autonomía y libertad. Además, se debe insistir que no son temas que solo se resuelven con el Código Penal. Es cierto que la violación, la trata, la violencia, son problemáticas que impactan mayoritariamente sobre mujeres y niños, pero la desigualdad estructural y estructurante de la agenda pendiente de género sigue estando vigente como en el comienzo, cuando comenzamos a pelear, luchar y soñar. Somos iguales, no especiales. En todo iguales: en el trabajo -y no aun ganando menos por el mismo trabajo- y en la educación -sin mandatos asignados. Recientemente me encontré con el Rector de una universidad nueva del Conurbano en la que crearon la carrera de Enfermería. ¿Saben cómo está compuesta la matrícula? El 100% son mujeres. No digo que esto esté mal, lo que sí está mal es que a ningún varón, por una cultura estereotipada, se le ocurra que especializarse como un trabajador en la gestión del cuidado. Cuando se nos dice que ya obtuvimos muchos derechos, yo respondería haciendo uso de las palabras de Judith Astelarra: “queremos una sola cosa, igualdad”.
Fuente: Iniciativa - 2/09/2011 (http://espacioiniciativa.com.ar)

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